Inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales provocados por el cambio climático obligan a millones de personas a abandonar sus hogares cada año. En las próximas décadas, los desplazamientos aumentarán todavía mucho más.
En los posts anteriores hemos conocido el contexto general de este problema y hemos visto cómo afecta el cambio climático a la población en distintas zonas del mundo. Llega el momento de analizar el papel de la comunidad internacional en esta crisis humanitaria.
¿Refugiados climáticos?
Ante un problema tan grave, cabría pensar que los gobiernos están haciendo todo lo posible por acoger a las víctimas del cambio climático. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los desplazados por culpa de desastres naturales se encuentran desamparados; a nivel legal, no tienen reconocimiento internacional.
La situación de quienes deben abandonar sus hogares como consecuencia del cambio climático y buscar refugio en otros territorios nos llevaría a pensar en ellos como refugiados climáticos. De hecho, los medios de comunicación suelen definirlos así. Pero la comunidad internacional no está de acuerdo con esa denominación.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el concepto ‘refugiado climático’ es engañoso y no existe en el derecho internacional. Afirma que, para obtener el status de refugiada, una persona tiene que cruzar una frontera internacional movida por un “temor fundado” a ser perseguida “por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. ACNUR se basa en lo que determina la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Esta definición conlleva dos incompatibilidades con el problema que nos ocupa. En primer lugar, las víctimas del cambio climático suelen realizar desplazamientos internos, no cruzar fronteras. Por otra parte, las causas medioambientales no figuran entre los motivos de persecución, a no ser que estén vinculadas a “situaciones de conflicto armado y violencia”. Así que actualmente se barajan dos términos para denominar a esta población: ‘refugiados medioambientales’ o ‘personas desplazadas’ en el contexto de desastres y cambio climático.
Sin protección legal
La discusión sobre la terminología utilizada no es trivial. Como dice Same World, hablar de ‘migrantes’, ‘refugiados’ o ‘desplazados’ puede “llevar a consecuencias jurídicas muy distintas y, con ello, al reconocimiento de diferentes tipos de derechos”.
Explica la fundación FUHEM que, en teoría, la población que huye a otros territorios dentro de su propio país está protegida por la jurisdicción internacional sobre desplazamiento interno, mientras que las personas que cruzan fronteras en su huída pasan a estar bajo la protección de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Con las víctimas del cambio climático, sin embargo, esa teoría no se lleva a la práctica.
Como la comunidad internacional no reconoce legalmente como refugiados a quienes abandonan su país por motivos medioambientales, estas personas carecen de los derechos de los refugiados. Ni siquiera existe un registro formal de damnificados, por lo que resulta difícil analizar su situación y buscar soluciones. De hecho, quienes emigran por razones climáticas corren el riesgo de ser considerados inmigrantes irregulares.
En busca de soluciones jurídicas
Lo cierto es que se han puesto en marcha algunas iniciativas internacionales para actuar ante el vacío legal en el que se encuentra la población obligada a emigrar huyendo de los efectos del cambio climático. En 2012, Suiza y Noruega lideraron la Iniciativa Nansen, destinada a alcanzar un consenso entre Estados sobre la mejor forma de abordar las necesidades de esta población. Crearon la Agenda de Protección de la Iniciativa Nansen, que fue respaldada por 109 países en 2015. Un año más tarde, como sucesora de esa iniciativa, surgió la Plataforma para el Desplazamiento por Desastres.
¿Y qué pasa con la Convención de 1951? ¿Por qué sigue vigente un tratado que ha quedado claramente anticuado? En opinión de The New York Times, quienes defienden a los refugiados temen que una renegociación de ese tratado podría llevar a políticos de determinados países a intentar acabar con algunas de las protecciones actuales. Por otro lado, el periódico asegura que ya se está trabajando en un tratado nuevo que contemplaría a las víctimas de desastres naturales, aunque no se espera que sea aprobado pronto.
Mientras tanto, son pocos los países que reconocen a los ‘migrantes ambientales’ y regulan su derecho a recibir asilo o protección humanitaria, como Suecia y Finlandia. Como mucho, algunos gobiernos optan por ofrecer refugio temporal a las víctimas de desastres naturales. En 2008, por ejemplo, Italia suspendió la repatriación de los ciudadanos de Bangladesh que residían ilegalmente en el país tras huir del ciclón Sidr. Y Estados Unidos acogió a los damnificados del terremoto de Haití de 2010, si bien Trump ha decidido ahora retirarles la protección.
Asignatura pendiente
Hasta el momento, la comunidad internacional no se ha esforzado lo suficiente por acoger a las víctimas de desastres naturales, protegerlos legalmente y, a ser posible, volver a hacer habitables sus hogares. Y, aunque la comunidad internacional ya se ha unido en la lucha contra el cambio climático, también queda mucho por hacer en ese campo.
En 2015, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en París (COP21) dio un importante paso adelante con la creación del primer acuerdo mundial vinculante sobre el clima. El llamado Acuerdo de París fue adoptado por unos 200 gobiernos que se comprometieron, entre otros objetivos, a reducir las emisiones globales y limitar el aumento de la temperatura.
Pero los objetivos marcados por el Acuerdo de París todavía están lejos de alcanzarse. Las dos cumbres medioambientales celebradas posteriormente (COP22, en Marrakech, en 2016; y COP23, en Bonn, en 2017), no mostraron tantos avances como se podría esperar. A ello hay que añadir que Estados Unidos anunció su retirada del acuerdo el año pasado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertó entonces que el fracaso del Acuerdo de París supondría “empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos”.
Confiemos en que, en un futuro cercano, aumente la sensibilidad sobre la migración ambiental en la sociedad, y que eso lleve a los gobiernos a implicarse más en la búsqueda de soluciones para las víctimas del cambio climático. Al fin y al cabo, todos somos habitantes del mismo planeta en crisis.
Foto: Asian Development Bank